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Es el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.
Constituye una nueva forma de control administrativo ejercido por la ciudadanía sobre la actuación de quienes tienen la responsabilidad del quehacer gubernamental.
Una forma avanzada de participación ciudadana en las tareas de vigilancia y fiscalización de los recursos públicos y en la evaluación del desempeño de las y los trabajadores al servicio del Estado.
La Contraloría Social tiene su sustento legal en la primacía de los derechos constitucionales de acceso a la información, de petición y de participación de diversos sectores de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional consagrados en la Constitución en los artículos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos